Análisis y Opinión

Nuevamente el gobierno de Evo Morales aplica el mismo libreto contra la manifestación popular; en este caso a la lucha de los cocaleros de los Yungas, y en el mismo gana una derrota política, como sucedió en un principio con la lucha de Achacachi. Pero el pueblo sabe por experiencia que el gobierno planifica lentamente el descabezamiento de la movilización y por eso el Ministro de Gobierno lanzó los infundios de que en los Yungas hay movimientos armados. Este fin de semana se ha dado un gran movimiento de rechazo al gobierno, muchas comunidades de los Yungas han realizado cabildos y han rechazado la acción de los afines y autoridades del MAS, han respaldado a su dirigencia reafirmándose en sus puntos de lucha entre las que destaca la abrogación de la Ley de la coca que favorece al Chapare, base cocalera de Evo Morales.

Desde esta tribuna hemos sostenido que el gobierno aplica, desde sus inicios, una política corporativista contra el movimiento popular, su intención es controlarlo para someterlo a sus medidas políticas y cuando no consigue esto busca destruirlo o paralelizarlo. Desde sus inicios el gobierno de Evo llevó adelante esta práctica socialfascista logrando debilitar, partir o destruir a muchas organizaciones del movimiento popular. En sus inicios formó el Estado Mayor del pueblo para contraponerlo a la COB, como este aparato no consiguió estructurarse fundó luego la Conalcam, Coordinadora Nacional por el Cambio, mientras intervenía sindicatos o los paralelizaba cuando no conseguía dominarlos.

El gobierno celebró un pacto con organizaciones campesinas e indígenas en el llamado Pacto de Unidad, cuando este se quebró primero con la salida de la Conamaq (de los indígenas de tierras altas) el gobierno los dividió, tomó las instalaciones a golpe y policía e instaló a sus lacayos serviles como representantes de dicha organización, en la actualidad hay dos Conamaq, una servil al gobierno que de manera vergonzosa hace a veces la labor de tropa de choque y asalto contra el movimiento popular contestatario y la otra mantenida por los dirigentes originales llamada Conamaq orgánico. Otra organización que también salió del llamado “Pacto” fue la CIDOB (indígenas de tierras bajas), organización que fue maltratada duramente por el gobierno, perseguida en el caso del TIPNIS y otros indígenas como los Takovo Mora brutalmente reprimidos por oponerse a la intervención transnacional en su territorio. La CIDOB como organización corrió la misma suerte que la Conamaq en medio de violencia y persecución estatal.

Los sindicatos obreros han corrido suerte parecida, especialmente en dirigencias departamentales, como ejemplo está la Federación de Fabriles donde el gobierno divide a través de sus quintacolumnistas con el respaldo del Ministerio de Trabajo y la policía. Las organizaciones civiles y vecinales como las juntas de vecinos también se encuentran divididas, Fejuves en La Paz y El Alto cuentan con paralelas.

En este contexto de paralelismo y representación divorciada de las bases, el gobierno ha creado una “careta popular” a la que llama movimientos sociales con estos dirigentes vendidos, que tienen como función controlar a determinado número de afiliados, sea con chantaje o promesas prebendales o con persecución a líderes y dirigentes disidentes. Esta costra corporativa que sirve a los intereses del gobierno está para legitimar la ficción de “gobierno de los movimientos sociales” en Bolivia, se trata de una versión criolla del corporativismo fascista aplicado en países europeos.

Incluso el movimiento campesino que ha sido bastante leal al gobierno se ha erosionado en este último año y dos casos emblemáticos son la lucha del pueblo de Achacachi y de los Yungas. Ambos campesinos e indígenas dieron fuerte apoyo a Evo Morales. Hoy estos dos pueblos, entre otros que también han protestado incluso en el Chapare, están completamente desencantados con el gobierno, han desarrollado luchas con victorias y derrotas, en particular Achacachi que tiene dirigencias partidas entre vecinos y campesinos ponchos rojos, y se preparan, es el caso de los Yungas, a profundizar su lucha contra el gobierno.

Todo esto no es nuevo y lo hemos dicho muchas veces, incluso el que sean hoy las antiguas bases del gobierno quienes están luchando duramente contra éste. Tampoco decimos nada nuevo sobre el mecanismo fascista del gobierno, deslegitimar la lucha, imputarla que es de “derecha” o ligada a la Embajada norteamericana, decir que es una “lucha política” como si el pueblo no tiene derecho a responder políticamente a una lucha que el gobierno plantea como tal. Esa estupidez que repite el MAS sobre el carácter político de la lucha popular como si fuera un delito, al mismo estilo que Sánchez de Lozada, refleja plenamente la ignorancia en la lucha de clases y el desprecio reaccionario por la lucha del movimiento popular. La lucha de clases es una lucha eminentemente política.

Lo “nuevo” que estamos viendo ahora, en cierta forma, son los globos de ensayo que envía el gobierno de vez en cuando acusando a la lucha popular de estar armada, nos referimos a estar organizados y portando armamento. Aunque no es totalmente nuevo lo han usado en circunstancias específicas para destruir una lucha concreta, como el caso de la intervención en Apolo, donde hubo varios muertos, entre ellos militares. Se dijo que había grupos armados entrenados por la guerrilla peruana, todo fue pura propaganda y en el proceso nunca probaron nada de eso, que finalmente se cayó, aunque torturaron impunemente a los detenidos y aún tienen a un preso en el penal que padece las secuelas de las brutales torturas que le aplicó la policía.

La acusación de movimientos armados o grupos sediciosos también se usó, aunque sin mucha insistencia, en la represión de Caranavi donde la policía, dirigida por el ex ministro fascista Sacha Llorenti, mató a dos estudiantes. Pero hoy parecen lanzarlo de manera más general, aplicándolo a procesos de lucha legítima tan evidentes como el caso de los Yungas (todo este proceso puede ser visto en nuestros artículos anteriores).

Las acusaciones de sedición o a veces de secuestro van acompañadas de persecución judicial a los dirigentes. Las detenciones de los dirigentes de Achacachi son muestra de aquello, esos dirigentes están detenidos sin ningún sustento legal, no existe víctimas, incluso del que se dijo que había sido secuestrado, un dirigente afín al gobierno, declaró públicamente que nadie lo había secuestrado, pero el gobierno presionó para que la hija haga la denuncia, después de ello, padre e hija jamás pisaron la fiscalía, ni siquiera dieron testimonio y aunque el dirigente ni siquiera estuvo en el departamento, el gobierno se sirvió de eso para tener detenido al dirigente hasta la fecha, siendo esto una persecución política y el dirigente un preso político claramente.

Todo esto nos lleva a suponer, dentro de la evolución del conflicto del gobierno con el movimiento popular, que el nivel de violencia y represión van escalando. El gobierno ya no puede controlar a las bases, incluso campesinas, como lo ha hecho siempre, está cada vez más escaso de participación. Hasta los funcionarios públicos que son movidos obligadamente a las movilizaciones hasta absurdos como el ir al aeropuerto a las 5 de la mañana para aplaudir el arribo de Evo en este gran show político de la demanda marítima, se quejan constantemente a los medios por el maltrato al que son expuestos, pues  son obligados bajo la amenaza de perder el trabajo.

Si el gobierno no puede controlar con el chantaje y la prebenda, como se hace de manifiesto cada vez, entonces usa con mayor frecuencia la represión policial y judicial, ese es el camino que estamos siguiendo y la política fascista del gobierno se va profundizando.

El pueblo no tiene otra opción que asumir la defensa consecuente de sus derechos y profundizar su lucha, el pueblo de los Yungas se encuentra en revuelta y todo este fin de semana ha desarrollado amplios cabildos donde han desconocido a los dirigentes del gobierno traidores a su causa, han quemado las banderas del MAS, han prohibido al partido de Evo Morales hacer campaña en sus comunidades y están haciendo vigilias en varias alcaldías pidiendo la renuncia de los alcaldes partidarios del gobierno. También han declarado persona no grata al Ministro de Desarrollo Rural y a otros funcionarios encargados de la comercialización de la coca y están apuntando a retomar la dirección de otras centrales como la Cofecay, organización de productores cocaleros, que está en manos de dirigentes partidarios de Evo Morales hoy cuestionados por sus bases.

El movimiento popular está luchando con sus limitaciones por desenmascarar al falso socialista Evo Morales, sabe hoy por experiencia propia que al gobierno en última instancia no le importa traicionar la lucha popular negociando su permanencia en el poder con los grandes terratenientes y empresarios. Pero el pueblo no puede dejarse encandilar por el discurso hipócrita de la oposición conservadora, que ha manejado el país por mucho tiempo sirviendo a los mismos intereses que hoy sirve el MAS.

El pueblo debe confiar en sus dirigentes honestos y en su programa de lucha para llevarlo consecuentemente, los revolucionarios deben bregar por construir una dirección revolucionaria que oriente las luchas del pueblo por el camino de la emancipación social hacia una nueva democracia basada en la alianza de las clases explotadas.